El Gobierno está decidido a avanzar en un otro paquete de reformas que impulsará en el Congreso. La primera es un proyecto de una nueva Ley General de Sociedades, que envió este viernes al Senado.

El texto fue elaborado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, en conjunto con Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación, y Juan Bautista Mahiques, a cargo de la cartera de Justicia.

El propio Sturzenegger detalló los principales puntos de la reforma que impulsa la gestión de Milei en un extenso posteo en X.

"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación", señaló.

Entre los cambios clave, destacó el fin de "la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda".

El ministro de Desregulación también señaló que "se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita".

El texto habilita a los socios a someter sus conflictos internos al derecho extranjero, como así también crea tipos societarios hasta ahora inexistentes, y propone, además, avanzar hacia la digitalización plena de la sociedad.

Sturzenegger destacó la incorporación de "las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización". Explicó que se busca "regular la Sociedad Automatizada, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las "DAO", que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", según explicó.

Existen 1.255.328 entidades de tipo jurídico en el país, de las cuales 995.165 son sociedades comerciales, o sea están comprendidas bajo la Ley N� 19.550 y sus reformas posteriores. Constituyen casi el 80% del total de las 1.255.328 personas jurídicas inscriptas, según los datos analizados por Infobae de la base del Registro Nacional de Sociedades, publicado por el Ministerio de Justicia en su sitio de datos abiertos y actualizado al 5 de mayo.

El Registro centraliza en una base de datos única la información de personas jurídicas privadas (sociedades argentinas y extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones). Funciona bajo la órbita de la cartera de Justicia, y recibe información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ese casi millón de empresas comerciales en el país equivale a una tasa de 2.142 firmas por cada 100.000 habitantes.

Otro 13% del total de entidades son asociaciones sin fines de lucro (167.939) y un 4% constituyen cooperativas y organizaciones de la economía social (54.105). Apenas un 1% se inscribieron como empresas extranjeras (12.772); y solo 472 son empresas de naturaleza o con participación estatal.

Infobae consultó a la cartera de Justicia, de quien depende el Registro Nacional de Sociedades y la Inspección General de Justicia (IGJ), cuántas de esa cantidad de empresas están activas, más allá de las inscriptas, pero no pudieron dar esa información "porque no está digitalizado el 100%".

La Ley de Sociedades Comerciales (N� 19.550) fue sancionada originalmente en 1972, durante el gobierno de Agustín Lanusse. Este marco normativo de las empresas tuvo varias modificaciones, y una reforma estructural en 2015, con la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando pasó a llamarse Ley General de Sociedades (LGS).

Con esa reforma, se eliminó la diferencia entre sociedades civiles y comerciales, y todas las estructuras quedaron bajo un mismo paraguas. También se rompió con el dogma histórico de que una sociedad requería al menos dos personas para existir y se permitió la inscripción de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU).

Asimismo, se reestructuró el régimen de las antiguas sociedades irregulares o "de hecho", y se les otorgó mayor seguridad jurídica. En 2018, hubo otra reforma que prohibió de forma explícita la actuación societaria del "socio aparente" (prestanombre o testaferro) y la del "socio oculto" (el verdadero dueño en las sombras).

La segunda reforma relevante tuvo lugar con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y el dictado del DNU 70/2023, la aprobación de la Ley Bases y normativas de la IGJ que introdujeron flexibilizaciones para reducir trámites, desregular normas y avanzar con la digitalización comercial.

La última modificación fue dispuesta por la Resolución General 4/2026 de la IGJ, del 22 de mayo último, por la cual el Gobierno simplificó el régimen para sociedades extranjeras con el objetivo de facilitar inversiones en Argentina.

De las 995.165 sociedades comerciales que existen en el país, el 47% (465.788) son Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), el tipo societario más usual. No exige un capital mínimo por ley, éste se divide en "cuotas sociales", y tiene un límite máximo de 50 socios.

Las Sociedades Anónimas son el 39%, ya que suman 386.931. Este tipo societario exige un capital mínimo de $30 millones, que se divide en "acciones", no tiene límite de accionistas, y puede cotizar en bolsa.

Otro 9% de las entidades comerciales son Sociedades por Acción Simplificada (90.307 en total), creadas en 2017 por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Su objetivo principal es permitir a los emprendedores y pequeñas empresas armar una estructura legal formal de manera rápida, económica y 100% digital, sin la burocracia que exigen las SRL o las SA tradicionales.

El resto son Sociedades "de hecho" o "sociedades irregulares" (31.489); Sociedades en comandita por acciones (6.641); Sociedades en comandita simple (6.320), Sociedades colectivas (5.801); Sociedades Anónimas Unipersonales (1.586); y de Capital e industria (302).

Del análisis que realizó Infobae, el distrito con más sociedades comerciales es la Ciudad de Buenos Aires, 469.235 en total, algo que se explica porque muchas empresas radican su sede central en la Capital Federal. Esa cifra equivale a una tasa de 1.010 empresas cada 100.000 habitantes.

Le sigue Buenos Aires con 180.233, un número que implica 388 entidades de este tipo sobre la misma base poblacional. Luego aparece Córdoba con 81.172 sociedades comerciales en total, y una tasa cada 100.000 habitantes de 175.

El tope del ranking se completa con Santa Fe que tiene 67.761 empresas registradas y una tasa de 146 cada 100.000 personas; y Mendoza, con 44.893 sociedades, que registra una tasa de 97 sobre esa base poblacional.

Los datos publicados por el Ministerio de Justicia se remontan a 1990, y muestran que el año que más sociedades comerciales se inscribieron en el Registro Nacional de Sociedades fue 2025, con 31.431 nuevas inscripciones.

Le siguen 2023, con 31.160 nuevas entidades de este tipo en el último año de Alberto Fernández; 2019, con 29.916, el último año del gobierno de Mauricio Macri; y 2024, con 29.553, en el comienzo de la gestión libertaria.

En lo que va de 2026, al 5 de mayo último, las inscripciones de sociedades comerciales alcanzaron 7.862, sobre un total de 8.168 nuevas entidades inscriptas de los distintos tipos jurídicos.

La base de datos no informa la baja de las sociedades comerciales que se produce cada año. Según señalaron en el Ministerio de Justicia a Infobae, el proceso de cancelación de una sociedad comercial ante la IGJ requiere cumplir una serie de etapas, en las que no interviene esa cartera. Va desde la resolución societaria de disolución hasta la obtención de las bajas impositivas y la presentación final ante la IGJ, el organismo que, una vez verificada la documentación, emite la orden de inscripción de la cancelación.

El Registro Nacional de Sociedades, así como el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, está a cargo de María Florencia Robledo, designada en 2020, en la gestión de Fernández. Depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría General de Justicia de la Nación.

Infobae llamó por teléfono el viernes pasado a Robledo para consultarla sobre las bajas societarias registradas. Si bien las asistentes respondieron que la funcionaria devolvería el llamado, finalmente no lo hizo.

Desde ARCA también quedaron en consultar, pero al cierre de esta nota el viernes a última hora, la respuesta no llegó.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

Fuente: telam