Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.

El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.

La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.

El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.

Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.

La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.

Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.

La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.

Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.

La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.

En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.

Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.

Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.

En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.

Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.

De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.

El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.

La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.

Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.

La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.

El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.

Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.

La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. "Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (...) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo", escribió en el texto.

En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación "con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber".

La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.

Fuente: telam