La presencia de maquinaria pesada en el sector del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, encendió la alarma entre los vecinos que llevan días sin poder regresar a sus viviendas tras el derrumbe del estacionamiento.

"Hoy se realizó un reconocimiento de todo el aérea y la empresa COSUD comenzó con las tareas de una retroexcavadora retirando el material derrumbado para comenzar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares", informaron desde la Policía de la Ciudad a este medio.

La aparición de una excavadora removiendo escombros, sin aviso previo ni autorización visible, desató una reacción inmediata: un grupo de residentes irrumpió en la zona vedada, superando el vallado de seguridad y exigiendo explicaciones a las autoridades.

"El caos es total, el derrumbe es de todo tipo y estamos desesperados", sintetizó Magalí, una de las vecinas del edificio de Parque Patricios, durante una entrevista realizada hoy en Infobae al Mediodía.

Ella relató que la comunicación oficial resultó confusa: "La fiscal se ha comunicado de manera poco clara con distintas partes de los vecinos. Algunos recibieron la instrucción de denunciar si veían que se removían escombros, porque sería llevarse evidencia. A otros, que están respaldados por la administración de la torre, les dijeron que la constructora ya podía realizar la remoción y el apuntalamiento".

La fractura interna entre los propios afectados complicó aún más la escena. "En un grupo tan grande y tan diverso de gente quebrada como estamos todos nosotros, cualquier cosa que pasa genera un sinfín de reacciones y a veces se generan malos entendidos. El exceso de información en lugar de ayudar perjudica", describió.

En medio de la confusión, la policía impidió el acceso y se produjeron insultos y forcejeos menores, pero no incidentes de gravedad. "La policía sostiene que no hay orden de ingreso de nadie, por supuesto. Algunos dicen: 'Pero la fiscal acaba de decir que sí se puede', y otros: 'No, a mí me dijo que no'", contó.

Desde el derrumbe, ninguna de las familias afectadas pudo regresar a sus viviendas. El acceso al edificio permanece tapiado por orden judicial y los servicios están cortados. "Solo pudimos volver a rescatar mascotas, acompañados de bomberos, y algunos lograron sacar algo de ropa o documentos. Pero no volvimos más. No se puede ingresar bajo ningún punto", afirmó Magalí.

Ante la imposibilidad de retornar, la mayoría de los damnificados se aloja en hoteles de la zona de Suipacha y Santa Fe. "Un hotel suena bonito tres días, pero no tenés la comodidad de tu casa. Incluso quienes tienen la posibilidad de estar en otra vivienda decidieron ocupar los hoteles para meterle presión a la constructora", explicó.

El costo del alojamiento está cubierto por la constructora, con ayuda del gobierno porteño. "En teoría es hasta el 13 de marzo y, si es necesario, lo prolongarían. Lo cual tiene que ser así, porque no vamos a poder entrar por meses, por el nivel de caos y burocracia que hay", subrayó.

La incertidumbre sobre el destino de los escombros llevó a los vecinos a organizarse para garantizar un peritaje independiente. "Nos pidieron diez millones de pesos para hacer esto. Estamos haciendo votaciones para definir con quién realizar el peritaje. Nadie duerme, es una locura", detalló Magalí.

Para afrontar la situación legal, eligieron como representante al abogado Fernando Burlando. "Él también nos está asesorando en toda esta cuestión. Su equipo está como abogado", confirmó.

Además, el temor a nuevos derrumbes y la falta de certezas técnicas minan la confianza de los propietarios. Magalí relató que la torre contigua presenta una situación similar: "Hay una panza en el techo de la cochera y una situación espejo. La constructora no tiene cómo no hacerse cargo de esto".

Consultada sobre antecedentes de fallas, Magalí reconoció que hubo problemas menores habituales en edificios de construcción masiva. "La cochera venía con filtraciones, pero la estaban arreglando y creímos que eran hechos aislados. Nunca pensamos en un riesgo para la vida", afirmó.

"Hasta que haya una respuesta, ningún vecino se mueve", afirmó otra vecina, reclamando la entrada para los residentes del sector uno, quienes también fueron frenados en la puerta. El operativo incluyó la llegada de infantería, lo que aumentó la tensión en el barrio.

Los residentes manifestaron su desconfianza hacia los comunicados oficiales y aseguraron que "el Estado acá no está. Quieren borrar evidencia y los vecinos no lo vamos a poder permitir". Según sus testimonios, la fiscalía no se había hecho presente durante los últimos tres días, lo que alimentó el malestar y la sensación de abandono.

Los afectados recordaron que muchos de ellos aún continúan pagando por sus departamentos, algunos de los cuales no han podido habitar. La incertidumbre se vio agravada por el temor a la pérdida de pruebas en el marco de las investigaciones en curso.

Vecinos y fuerzas de seguridad intercambiaron acusaciones sobre la custodia de pruebas y el respeto de los derechos de los habitantes. En medio del desconcierto, los residentes reiteraron: "Que venga la fiscal acá, que dé la cara, porque no la dio todavía".

El detonante de este episodio fue la falta de comunicación entre las autoridades y los habitantes del complejo. Según relataron los vecinos, la fiscalía había instruido que no se realizara ningún movimiento de tierra o escombros hasta nuevo aviso. Por eso, cuando la máquina comenzó a operar, la sorpresa se tradujo en enojo y desconfianza. La frase que más se repitió fue: "Que aparezca la fiscal, que venga la fiscal", evidenciando la demanda de presencia judicial en el lugar para garantizar transparencia y seguridad.

El conflicto se desató a pocos metros del edificio cuyo estacionamiento colapsó días atrás, afectando a más de 300 familias y destruyendo 65 autos que permanecían en la estructura. Los residentes, que todavía no pueden regresar a sus departamentos, observaban con impotencia cómo las restricciones para ellos contrastaban con la libertad de acción de la empresa encargada de la remoción de escombros.

Algunos vecinos denunciaron que la fiscalía solo había autorizado el apuntalamiento del edificio, no la remoción de materiales ni la intervención de maquinaria pesada. La ausencia de una orden judicial específica para estos trabajos incrementó el nivel de tensión. Un residente lo resumió así ante las cámaras: "La fiscal solo había autorizado el apuntalamiento del edificio".

El maquinista y los operadores debieron detener su labor ante la presión de los presentes, quienes temían que las vibraciones producidas empeoraran el riesgo estructural y pusieran en peligro lo poco que queda de sus pertenencias.

La principal exigencia es que se respete el acuerdo previo: ningún movimiento sin la presencia o autorización de la fiscalía. Los habitantes del complejo afirman que solo buscan recuperar parte de sus bienes y recibir información fiable sobre la estabilidad del edificio. Hasta el momento, ni las autoridades judiciales ni los responsables de la obra han dado explicaciones públicas sobre quién autorizó la entrada de la maquinaria.

Actualmente, la zona permanece custodiada y el acceso sigue restringido para los vecinos, quienes insisten en que "alguien tiene que haber autorizado eso", pero aún no obtienen respuestas oficiales.

En el perímetro de los edificios afectados hay un vallado y mas de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos. En el lugar, también hay personal de Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil.

Por otro lado, el área de Logística de la subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios afectados. Además, la empresa constructora presentó en la Guardia de Auxilio un plan de trabajo para el apuntalamiento de los edificios. Esto con la autorización de la administración del complejo. El plan fue aprobado por la Guardia de Auxilio.

Bomberos ya realizó un relevamiento fotográfico y de video del lugar y se lo entregaron a Fiscalía.

Fuente: telam