Sucedió lo inevitable. Y con el peor escenario posible. La jueza responsable del Segundo Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska decidió darle toda la razón a los demandantes en el caso por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner renacionalizó YPF en 2012, a instancias del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, y deberá negociar con los fondos buitre Burford Capital y Eton Park el pago de una sentencia desfavorable por entre 7.500 y 16.000 millones de dólares.

La diferencia en el monto dependerá del tiempo y la forma en que la Nación (una persona jurídica perdedora en el fallo de la magistrada conocido esta mañana de los Estados Unidos) decida pagarle a los demandantes vencedores. Como Argentina seguramente apelará la sentencia de Preska y todo se resolverá o en la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York o, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (dependiendo de la suerte que tenga el país en el primer estadio judicial), si el fallo de la jueza queda firme, lo que deberá pagar el país se acercará más a los U$S 16.000 millones.

Lo cierto es que Preska resolvió darle toda la razón penal y comercial a Burford y Eton, con lo que se abre ahora un panorama difícil para la Argentina, que incluirá (otra vez, luego del caso de los fondos buitre por la renegociación de deuda del 2006 y 2010), la posibilidad de embargos y persecuciones judiciales a bienes de la Nación Argentina por todo el mundo. Salvo que el país negocie con los vencedores, algo que política y económicamente el gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de ejecutar.