>Hace tan solo unas semanas, se conocieron dos fallos trascendentales que reivindicaron a dos prominentes líderes democráticos en el hemisferio. En Colombia, un tribunal de apelaciones anuló la injusta condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dejándolo absuelto de todos los cargos en su contra. Casi simultáneamente en el Perú, el más alto tribunal constitucional archivó el caso contra Keiko Fujimori, anulando la acusación que se le había hecho de manera arbitraria. Ambos personajes han sido emblemas de la lucha por la libertad en sus países, y estas decisiones fueron recibidas con enorme satisfacción por quienes defendemos el estado de derecho frente a los abusos políticos.

El Presidente Uribe fue sentenciado en agosto de 2025 por una juez de primera instancia a 12 años de arresto domiciliario por supuesta manipulación de testigos, la primera condena penal en la historia contra un exmandatario colombiano. Sin embargo, el 21 de octubre la Sala de Apelaciones de Bogotá revirtió ese fallo. El tribunal concluyó que la sentencia tenía “deficiencias estructurales” y carecía de pruebas válidas para sustentar la culpabilidad. En consecuencia, Uribe fue absuelto de todos los delitos imputados.

El expresidente siempre defendió su inocencia, calificando el proceso como una “persecución política” y denunciando la parcialidad de varios sujetos procesales en las distintas instancias de la investigación. Sus abogados apelaron la sentencia, cuestionando la validez de las pruebas, y ahora la justicia les ha dado la razón. La absolución reivindica a Uribe tras años de batalla legal. Luego de conocer la decisión dijo: “He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia”, reflejando su intención de seguir aportando activamente a la política de su país.

Más allá del plano legal, esta decisión tiene un impacto político, pues Uribe continúa siendo un referente fundamental en el escenario colombiano y latinoamericano. Su figura sale fortalecida, lista para seguir liderando el proyecto democrático que, durante sus dos mandatos, sacó al país de sus horas más oscuras al enfrentar con firmeza a los carteles del narcotráfico y a los grupos terroristas. No en vano, ha ocupado diversas posiciones en la administración pública, desde alcalde de su natal Medellín hasta presidente de la República, y es reconocido por su mano firme en defensa de la seguridad, la libertad y el estado de derecho. Hoy, liberado de acusaciones, puede dedicar su energía a esos mismos ideales que definen su legado.

Paralelamente, en el Perú la dirigente Keiko Fujimori obtuvo una victoria jurídica que despeja el camino para su postulación presidencial. El 2 de octubre de 2025 el Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus a su favor y anuló el “Caso Cócteles” que la investigaba por presuntos aportes ilegales en las campañas de 2011 y 2016. La resolución “deja sin efecto toda investigación y la acusación” contra Fujimori y su partido, Fuerza Popular.

Días después de anunciada esta resolución, Keiko Fujimori oficializó por todo lo alto en Trujillo, Perú, su candidatura presidencial para el 2026. Su nombre es sinónimo de resiliencia política en nuestro continente. Ha llegado a la segunda vuelta en las tres elecciones a las que se ha postulado, siempre a escasos votos de la presidencia. Su partido se ha mantenido como fuerza decisiva en el Congreso y continúa siendo uno de los principales y más sólidos grupos políticos del país. Gran parte del electorado peruano mantiene lealtad al fujimorismo por la asociación con la estabilidad y la firmeza. En medio de la inestabilidad y las pugnas entre poderes, Keiko Fujimori representa para muchos un factor de estabilidad y experiencia.

Ambos casos, el de Uribe y el de Fujimori, presentan paralelismos claros. En los dos, la Justicia terminó corrigiendo abusos motivados por fines políticos. La contundencia de los fallos, absolución plena para Uribe, anulación total para Keiko, envía un mensaje importante: los procesos penales deben reservarse para delitos reales, no para eliminar a adversarios electorales, pues de lo contrario la justicia pierde credibilidad y se percibe como herramienta del poder.

Este no es un fenómeno aislado en el continente, ni único en la América Latina. En Estados Unidos, el Presidente Donald J. Trump, regresó de manera triunfal a la Casa Blanca a pesar de haber enfrentado múltiples procesos legales motivados por razones claramente políticas en su contra. No solo el pueblo estadounidense no fue persuadido por esos ataques politizados, sino que los identificó de inmediato como una instrumentalización del sistema judicial para detenerlo en lo electoral. Sucedió lo contrario: Donald J. Trump obtuvo mayor respaldo aún que en su primera elección.

Fuente: telam